Por Alejandro Egea Vivancos
Democracia. Qué palabra tan sonora. Se me llena la boca de decirlo cada vez que la utilizo en las aulas. Democracia. El mejor de los sistemas políticos: exportable, comprable, vendible, incuestionable y, para muchos, inmutable. Empero, sobre este último aspecto, no podemos estar más equivocados. El concepto ha estado en constante evolución, adaptándose a los logros sociales de cada época, de cada país.
Ya en el siglo V a.C., para los atenienses contemporáneos de Pericles era suficiente con que los ciudadanos, todos varones y oriundos de la polis, eligieran a sus magistrados, los concejales y alcaldes de la época. No estaban todos, recordemos que ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros participaban de esta fiesta. Pero les era suficiente, tenían lo que desde entonces llamamos de la misma manera: el gobierno del pueblo, la democracia. Algunos cargos eran electos, otros eran escogidos por puro sorteo y trabajaban por equipos en algunas cuestiones para controlar que las cosas se hicieran bien. Aspectos de tal modernidad que sorprenderían a muchos de nuestros políticos agarrados al mantra de que ciertas formas democráticas serían caóticas e inasumibles.
El concepto de democracia lo tenemos, lo usamos, lo vilipendiamos o lo encumbramos desde la Edad Antigua. Mas la mutación que ha sufrido esta forma de organización social no se ha visto acompañada de un cambio en la nomenclatura. Desde 1787, EEUU, tan defensor y garante de la democracia como de la extensión universal de la Coca Cola, se define como país democrático, aunque las mujeres no votaron hasta 1920 y los afroamericanos hasta 1965. Como aquel que dice, cuatro días. Conforme avanzan los derechos civiles y se transforma la sociedad se modifica la esencia, aunque permanece incólume el término. Como mucho, hemos ido añadiendo calificativos a la marca.
Cada Estado ha ido adhiriéndose al término en base a sus intereses, su idiosincrasia o sus necesidades históricas. De hecho es posible que no haya Estado menos democrático en el planeta que algunas democracias denominadas “populares”. Todos lo queremos utilizar. Es un término que vende tanto como el mucho más cercano de “sostenible” o “ecológico”, utilizado por todos, defendido con ahínco por pocos.
En nuestro país, tras experiencias fallidas o abortadas, compramos el producto en 1975. Deseábamos que llegara. Lo estábamos esperando. Y dando gracias, que conste. Sin embargo, han pasado décadas desde entonces y ya hay muchos que no se conforman con la versión del sistema operativo que nos vendieron. No se trata de negar que en España vivamos en democracia, ni de ser anti-sistema. El problema no es ése. La cuestión es si las estructuras sociales están ya preparadas o no para una actualización adaptada al siglo XXI.
En Suiza, por ejemplo, los ciudadanos participan de lo que se denomina democracia directa, participando directamente en el proceso de toma de decisiones políticas. Votan al menos unas cuatro veces al año sobre diversas cuestiones, ya sea a escala estatal, cantonal o municipal. Personalmente, yo nunca he podido elegir nada en referéndum lo cual denota ciertas carencias del sistema. ¿No creen?
En la gran mayoría de los estados mundiales, Alemania, EEUU o Francia, por ejemplo, eligen al Jefe del Estado sin mayor preocupación. Sin plantearse si se quiebra el Estado o si se pierden sus raíces culturales. En realidad España es un país eminentemente monárquico. Tan acostumbrados estamos que se produzca el relevo sin que medie votación que observamos con pasmosa tranquilidad que alcaldes y presidentes autonómicos cedan sus sillones a sus delfines políticos sin mediar elecciones de por medio. Sucesión dinástica en pura regla, sin esperma de por medio, sólo a través del carné. Los casos autonómicos de Madrid, Andalucía o la propia Región de Murcia, por citar algunos, denotan una calidad democrática más bien baja. Sistemas de sucesión reflexionados al milímetro en base a los intereses del partido y no del ciudadano. El Gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo, como si en el despotismo ilustrado del siglo XVIII nos encontráramos.
En realidad, como si de un ordenador habláramos, ya son muchas las actualizaciones del sistema que como si de ventanas emergentes se tratara nos indican que están disponibles: la posibilidad de elegir al Jefe del Estado, la reforma de la ley electoral para garantizar la equidad del voto, mejorar los vínculos entre los votantes y los cargos, establecimiento de mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones, los presupuestos participativos, los consejos ciudadanos por sorteo, la limitación de los mandatos, la implementación de los referéndum, etc., etc.
Si no queremos que el sistema perezca de obsoleto, se quede desfasado, la sociedad española tiene al alcance de su mano la responsabilidad de decidir si acepta las actualizaciones que se les ofrece, si acepta sin miedo la posibilidad de seguir perfeccionando el modelo, si apuesta, de manera decidida, por reiniciar nuestra democracia.