Ante la reciente aprobación por parte del Ayuntamiento de Murcia del Programa de Actuación y los Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del Plan Especial de La Paz, el grupo local de EQUO Murcia considera que el procedimiento puesto en marcha defiende en mayor medida los intereses privados del grupo López Rejas que los de los vecinos del barrio de La Paz. Se da la circunstancia de que, según estos estatutos, los vecinos que no se adhieran a esta Junta de Compensación podrán ser objeto de expropiación de sus viviendas, mientras que los que se adhieran deberán responder con sus bienes ante las entidades financieras, en caso de posible fracaso del proyecto, además de tener que aportar un total de 9 millones de euros en concepto de aval, el 10% del coste total de la obra. En este sentido, EQUO Murcia apoya a la asociación de propietarios Nuevo Barrio, crítica con las actuaciones promovidas por el ayuntamiento, coincidiendo con ella en que deja en estado de indefensión al vecindario, al comprometer sus propiedades y sus bienes en la reconstrucción del barrio.
El proyecto de rehabilitación del barrio de la Paz nació ya, en 2007, a juicio de la formación ecologista, con un fallo de partida, como es que no fuera el ayuntamiento el que tomara las riendas del asunto, sino que se dejara en manos privadas la transformación radical del barrio, lavándose las manos el consistorio en este tema. EQUO Murcia entiende que debe ser el ayuntamiento de Murcia el que promueva la rehabilitación del barrio de La Paz, buscando en todo momento el bienestar de los vecinos y alejándose de los fines especulativos y privados de un grupo empresarial que solamente persigue el beneficio propio, máxime cuando la responsabilidad recae en los propietarios, en el caso de que no pueda ponerse término a las obras. Es decir, se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas.
Por ello, EQUO Murcia insta al ayuntamiento a iniciar un Plan Integral de Recuperación del Barrio de La Paz, que contemple, como condición indispensable, la adopción de criterios bioclimáticos y energéticamente eficientes a la hora de diseñar las viviendas. Este Plan, a juicio del partido verde, debería implementarse mediante concurso público, con la participación de los vecinos y vecinas del barrio en la toma de decisiones, así como realizarse de forma transparente y sin causar perjuicio a los vecinos.